NUEVO PROYECTO DE LEY DE COMPETENCIA: EL DEBATE NO ESTÁ CERRADO

Julian Daniel Lopez Murcia 

Esta semana tuve la fortuna de encontrarme con uno de los abogados más prestigiosos del país en los temas de “Derecho de la Competencia” que son, básicamente, las normas que buscan asegurar la libre competencia (que no haya monopolios u oligopolios) y evitar el abuso por parte de quienes en un mercado tienen posición de dominio, todo lo cual, en la medida en que mejora la accesibilidad a bienes y servicios y la calidad de éstos a todas las personas, es conveniente para la sociedad. Esperaba, de profesor a profesor, que fuera una persona con la cual se pudiera discutir la conveniencia del nuevo proyecto de ley de competencia (PL 195-07 de Senado), sin embargo, al plantearle uno de los temas medulares del proyecto, de manera inmediata me cerró las puertas: “ese debate ya está cerrado”, me dijo.

 

El tema que le plantee a este prestigioso abogado era la preservación de la vigilancia especial en temas de competencia que actualmente lleva a cabo sobre las empresas de servicios públicos domiciliarios la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por oposición al régimen general de vigilancia a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La verdad, más allá de que así lo obligue la Constitución –por lo cual, al irse en contra, este proyecto de ley es inconstitucional-, siempre he pensado que no es lo mismo controlar la competencia de productos como la cerveza, el cemento o las llantas, que el control de la competencia del cual se deriva cuál es el precio de la energía, del gas o de la telefonía que pagamos los colombianos, entre otros, por su relación directa con los derechos fundamentales, sin embargo, a quienes promueven el proyecto, así como a los abogados que trabajan en competencia que no quieren sino litigar ante la SIC, eso poco les importa.

 

Pero las razones para un régimen especial de competencia para los servicios públicos domiciliarios no terminan allí, pues hasta el mas desprevenido se da cuenta que no es lo mismo evitar monopolios, abusos de la posición de dominio, ni promover la competencia cuando se trata de un servicio que se presta a través de redes (redes para la energía como los postes que vemos en la calle, redes para la telefonía como los “cables” que van de manera subterránea, redes para el gas como las que cada vez llegan a más hogares), que hacen del dueño de dichas redes un agente con el poder de limitar la entrada de otros competidores muy superior a la que puede tener quien compite vendiendo carne, papel aluminio, salsa de tomate o cualquiera de los productos a los que está acostumbrada la SIC.

 

En fin, como académico y como miembro reflexivo del Partido Liberal siempre preocupado por el bienestar general y por el debate público como la mejor forma de construir ciudadanía y de allí instituciones legítimas que le abran paso al desarrollo y a la paz, no puedo menos que oponerme a este arbitrario proyecto de ley, advertir de manera vehemente a mis conciudadanos sobre la desprotección en los servicios públicos que se avecina y rechazar la actitud de los supuestos “expertos” que se crean con la autoridad de decir que el “debate ya está cerrado”.